bds-1

Ser antisemita puede ser costoso: España debe indemnizar a universidad israelí

Apoyar al BDS es aceptar y fomentar el antisemitismo. A veces, esto puede costar mucho dinero de los contribuyentes, en este caso en un país en donde el antisemitismo es un problema real… España. Hace pocos días, el Claustro de la Universidad Autónoma de Barcelona aprobó apoyar el BDS. Quizás, la UAB sea la próxima en pagar un precio por aprobar a la ligera valores que supuestamente contradicen los principios académicos que defiende.

Según informó el 5/1/2016 el periódico israelí Yedioth Ajaronot, el gobierno de España acaba de pagar a la Universidad de Ariel en Samaria 430.000 shekel (unos 110.000 euros) en compensaciones por haber expulsado a 15 estudiantes de arquitectura de una competencia internacional llevada a cabo con el apoyo del Ministerio de Vivienda de España. Los estudiantes israelíes fueron expulsados únicamente por venir de los “territorios ocupados”. La Universidad de Ariel emprendió una batalla legal que concluyó, hace unos días, en victoria.

La historia comenzó en el 2009. La escuela de arquitectura de Ariel, dirigida por el Profesor Benny Levy participó en una competencia internacional llamada “Decatlón Europa”, organizada por la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo de España. La idea de la competencia era presentar un proyecto de “Casa verde” que se auto-abasteciese de energía. En una primera fase la competencia estaba abierta a todas las Universidades del mundo y a la final ascendieron 21 proyectos, entre ellos el de la Universidad de Ariel. Ariel presentó la “Tienda de Abraham”, en honor al Patriarca Abraham que era conocido por recibir huespedes. El proyecto fue muy felicitado por los organizadores e incluso fue visitado por la Ministro de Vivienda de España de entonces. Sin embargo, por detrás de bambalinas, el BDS de España presionaba a los organizadores para expulsar a los estudiantes israelíes.

En setiembre 2009, la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Vivienda informaron que el proyecto israelí había sido expulsado porque los estudiantes venían de “los territorios ocupados”. España se justificaba afirmando que “la competencia era un proyecto del gobierno español y según las directrices de la Unión Europa y la ONU existía un compromiso de anular a los participantes de la Universidad Ariel porque estaba en los territorios ocupados”.

La Universidad de Ariel temía sentar un precedente y contrató al bufete de abogados español Cremades Calvo-Sotelo Abogados, el mismo que hace poco logró anular la orden de detención que emitió un juez español contra el Primer Ministro Binyamín Netaniahu y otros siete ministros que ordenaron la detención del barco turco Navi Marmara.

Los abogados demandaron al Ministerio de Vivienda de España doblemente: Exigían anular la decisión y pagar una compensación de 230.000 euros. Desde Israel, la demanda fue coordinada por la Comisión de Lucha contra el Boicot a la Universidad de Ariel dirigida por el abogado Mark Tzel.

El Ministerio de Vivienda español argumentó que ellos no tenían la culpa… sino que habían recibido una orden del Ministerio de Exteriores de España. A la par, pidieron a exteriores que les extendiese un “seguro” escrito que testimoniase que Ariel está en territorios ocupados y, por lo tanto, hay que prohibir su participación. Exteriores respondió que no existe tal “seguro”. Es importante comprender que la decisión de considerar a los territorios de Judea y Samaria como “territorios ocupados” es una decisión política ya que desde lo legal los territorios son “en disputa”. Además, no existía tal decisión de la Unión Europa.

En marzo de 2014 el Ministerio de Vivienda de España declaró que “la Universidad de Ariel fue tratada de forma desigual en comparación con el resto de participantes de la competencia, a causa de una supuesta posición de la Unión Europa en relación a los “territorios ocupados” y sin que se aclarase de qué forma “los territorios ocupados pueden influir en la competencia”. En otras palabras, que no había base legal para expulsarles. Se trataba de una violación al artículo 14 de la Constitución de España y por lo tanto se anulaba la decisión.

La Universidad de Ariel decidió aceptar la propuesta de compensación del Ministerio de Vivienda español, poniendo punto final a la demanda. El director de la Universidad de Ariel, Igal Cohen Orgad, dijo: “La decisión de compensar a la universidad y el anuncio de anular la eliminación de la competencia es una respuesta necesaria ética y legal ante los intentos de boicotear a Israel, y demuestra que se puede tener éxito en los esfuerzos para frustrar esos mismos intentos”. “Veo esto como una demostración que se puede luchar por la legitimidad internacional”, agregó Cohen Orgad. “Fuimos a la demanda para sentar un precedente. Esta fue la primera y única vez que fuimos expulsados de una competencia mundial. Hubo intentos que fracasaron en el pasado y pensamos que teníamos que librar esta batalla”.

Las Universidades en Europa desconocen, probablemente, las raices antisemitas y los lazos terroristas del movimiento BDS según lo explicado en el libro digital publicado por Hatzad Hasheni en enero 2016. El desconocimiento no los exime de ser acusados, señalados y hasta demandados. Israel y las comunidades judías que defienden al único estado hebreo deben organizarse para emprender una batalla legal para aumentar el costo a pagar por los socios del antisemitismo del BDS.

Fuente: Iton Gadol