DISCURSO
DEL PRESIDENTE DE LA DAIA,
DR.
JOSE HERCMAN
EN
OCASION DE CONMEMORARSE EL
9°
ANIVERSARIO DEL ATENTADO
A
LA SEDE DE AMIA-DAIA
18
DE JULIO DE 2003
Hace
exactamente 9 años fuimos testigos, en este mismo lugar, de escenas dantescas,
de dolor y destrucción, de gritos desgarradores.
Nunca
olvidaremos esa mañana del horror, cuando este mismo ámbito fue atacado por
terroristas criminales que sembraron muerte y devastación.
Nuestro
país fue atacado en el corazón de su ciudad capital.
Bombardearon
nuestra casa, la casa de entidades beneméritas de la comunidad judía, de larga
trayectoria al servicio de sus semejantes.
Fue
un infame acto de guerra, planeado y ordenado por las máximas autoridades del
Gobierno de la República Islámica de Irán, ejecutado por asesinos
fundamentalistas de la organización terrorista Hezbollah, con la complicidad de
argentinos, delincuentes de civil y de uniforme, que no vacilaron en participar de la masacre de 85 hombres,
mujeres y niños.
Sucesivos gobiernos de nuestro país han mirado para
otro lado, se han hechos los distraídos, mantuvieron intactas las relaciones
diplomáticas con Irán, e incluso incrementaron las relaciones comerciales.
Es
intolerable que se privilegien los negocios por encima de los principios, por
encima de la justicia, por encima de la verdad, por encima de la dignidad
nacional.
El
juez de instrucción ha solicitado la captura de algunos de esos
asesinos.
Es
insuficiente Dr. Galeano.
En los
fundamentos de su dictamen hay evidencias más que suficientes como para
solicitar la captura de todos los implicados, que no son simplemente
elementos radicalizados, como usted señala, sino las mas altas instancias del
gobierno de Irán, que constituyeron a ese régimen no sólo en sponsor y
protector de organizaciones terroristas, sino en un estado terrorista.
Señor juez, Hezbollah es una organización
terrorista, responsable de innumerables crímenes contra civiles indefensos.
Le exigimos que haya coherencia entre sus fundamentos
y las resoluciones que dicta, y que investigue sin demoras a los grupos de apoyo
a terroristas, integrados por algunos miembros de la comunidad shiita en
nuestro país.
No imputamos a un credo ni a sus seguidores, que
merecen todo nuestro respeto, sino a los que profanan esa fe y sus valores para
cometer crímenes incalificables.
El actual gobierno iraní se ha negado a recibir los
exhortos de la justicia argentina, formulando incluso, a través de sus voceros
oficiales, amenazas contra la democracia argentina.
En este
contexto, debemos señalar que hemos tomado conocimiento que el entonces
canciller Carlos Ruckauf, entregó una nota al gobierno iraní,
donde le pedía disculpas por el “exabrupto” del juez Galeano.
Señor
Ruckauf, a los únicos que usted tiene la obligación de pedir disculpas es a
los familiares de las víctimas, no a los victimarios.
Usted
era Ministro del Interior cuando ocurrió la masacre y no cumplió con sus
obligaciones, y en esta oportunidad envió su vergonzoso pedido de disculpas,
recibió respuesta, pero ninguna de las dos notas se encuentra donde
debiera estar, en los archivos de
cancillería.
En consecuencia,
porque nunca nos conformamos sólo con denuncias públicas, es que
informamos que en estas horas la DAIA está iniciando acciones judiciales contra
Carlos Ruckauf por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juicio oral en curso está por cumplir dos años.
Nos preocupa lo que parece un cambio del objeto
procesal; que los jueces hayan centrado su atención en irregularidades
cometidas durante la etapa de instrucción, que deben ser investigadas
exhaustivamente, pero, en el ámbito que corresponde, el Juzgado del Dr.
Bonadío.
Allí también somos querellantes.
Allí deben ser investigadas todas las
irregularidades, no en el juicio oral a los participes necesarios en el atentado
Estamos atentos a lo que está ocurriendo en las
audiencias convencidos que el ya tan esperado fallo debe referirse
a la responsabilidad en el atentado de Telleldín, Ribelli y sus
secuaces.
Sr.
Presidente de la Nación: valoramos que en esta nueva etapa que ha iniciado la
República usted se haya comprometido a hacer todo lo que sea necesario desde el
Estado para avanzar en las investigaciones, y a satisfacer los requerimientos de
quienes actuamos como querellantes en nuestra búsqueda de la verdad y la
justicia.
En
virtud de ello, reclamamos el máximo
apoyo de las fuerzas de seguridad en la investigación sobre los explosivos
utilizados en el atentado, sobre quiénes los proveyeron y quiénes los
prepararon.
Fue un
trabajo de expertos, que pueden y deben ser individualizados.
Proponemos una ley antiterrorista para prevenir y
castigar este flagelo que siembra la muerte en todo el mundo, pero que quede
claro:
queremos
una ley que sirva para proteger al país y sus ciudadanos, y no un instrumento
de persecución ideológica, inaceptable en un sistema democrático.
Solicitamos se haga todo lo que se deba para
controlar los graves riesgos provenientes de la Triple Frontera.
No sólo
la frontera es triple, también lo son las responsabilidades.
A los gobiernos de los países hermanos de Brasil y
Paraguay les exigimos una vez más toda la dedicación para prevenir y combatir
las amenazas.
Queremos que cuando declaren en el juicio oral los
funcionarios de la SIDE, lo hagan para contribuir a descubrir la verdad, no para
desviar la acción de la justicia, como ha ocurrido con las maniobras mediáticas
durante la anterior gestión, que pretendieron manipular a la opinión pública
y desvincular de responsabilidad a los imputados en el juicio oral.
Nueve años es demasiado tiempo de impunidad, de
frustración y de rabia.
Pero no bajamos los brazos.
No hay tareas “difíciles” para nosotros, cuando está de por medio
castigar a los asesinos de nuestros hermanos.
Hay mucho por hacer, se puede y se debe hacer, con voluntad política,
considerando esta investigación como una cuestión de estado, atacando el cáncer
de la corrupción que ha jaqueado permanentemente esta investigación, yendo
hasta las últimas consecuencias para descubrir toda la verdad, y castigar a
todos los responsables materiales e ideológicos, a todos los encubridores y a
sus mandantes, estén o no actualmente en la función pública.
Nada ni nadie logrará desviarnos de este sagrado
objetivo.
No lo lograrán quienes mediante maniobras mediáticas
pretenden jaquear la búsqueda de la verdad, protegiendo intereses espurios.
No lo lograrán
los que se montan en una causa sagrada como esta para obtener réditos políticos.
No estamos distraídos, cuando por acción o por
omisión se le hace el juego a los acusados de participar en la masacre de
nuestros hermanos, al pretender exculparlos en pleno desarrollo del juicio oral.
Que nadie se confunda, que nadie se atreva a vulnerar
el sagrado y único objetivo de descubrir la verdad y hacer justicia.